Las sociedades modernas han configurado unos sistemas educativos como expresión de su voluntad de transmitir a las nuevas generaciones unos conocimientos y valores que consideraban básicos y, en ocasiones, propios y diferenciados de otras sociedades. En el desempeño de esta misión, los sistemas educativos han ido cobrando un peso mayor en las últimas décadas, exigiéndoseles a veces que asuman responsabilidades que hasta ahora han sido propias de las familias.

En los últimos tiempos, los cambios de distinta índole de la sociedad y de las demandas que ésta plantea a los sistemas educativos, han originado a su vez un cambio en el paradigma educativo. Está cobrando presencia y valor una formación más integral, que pretende promover y garantizar la adquisición de unas competencias básicas por todo el alumnado y que, en concreto, se preocupa por la formación de las alumnas alumnos como futuras ciudadanas y ciudadanos.

La competencia social y ciudadana está plenamente vinculada a la formación integral de la persona, a la construcción de una identidad personal y comunitaria. El conjunto de características de la alumna o alumno influye poderosamente en el proceso de aprendizaje escolar y a largo de la vida. En esta competencia se recoge, además, el desarrollo del sentido de pertenencia al género humano, desde una doble perspectiva: la espacial, en las distintas escalas (desde la propia localidad a la humanidad en su conjunto), y la de la defensa de los derechos humanos universales.

Una de las bases que se asocia al aprendizaje a lo largo de la vida consiste en formar alumnas y alumnos conscientes del modelo democrático de sociedad en la que viven. Deben ser conocedores de sus características, diversidad, retos y problemas, y mostrar disposición a participar activamente en los diferentes espacios sociales y políticos a partir de sólidos principios éticos. Así mismo, se espera que actúen solidariamente, sean responsables con su propia salud y formación, interactúen con las demás personas y con el medio ambiente de forma respetuosa y muestren una actitud crítica ante las injusticias, las violaciones de derechos fundamentales y las imperfecciones del sistema social y político.

Europa constituye un espacio económico, político y cultural –no siempre fácil de precisar– que aspira a constituir una sociedad regida por principios democráticos, que represente los intereses de una ciudadanía multilingüe, culturalmente diversa, inmersa en la sociedad de la información y de la comunicación, agente activa en un mundo globalizado... Sin embargo, al mismo tiempo, en Europa persisten importantes problemas y desigualdades de diferente naturaleza y se plantean retos y nuevas dificultades para el futuro inmediato. El análisis de esa realidad ha guiado a los equipos que han integrado los diferentes estudios y recomendaciones que se han realizado en los últimos años a incluir las competencias sociales y cívicas como una de las ocho competencias básicas en que debe estructurarse el espacio educativo europeo, tal como propone la estrategia de Lisboa. Como resultado, la inclusión social y la ciudadanía activa ocupan un lugar preponderante dentro de los tres objetivos estratégicos de los sistemas educativos y de formación europeos adoptados por el Consejo Europeo en marzo de 2001.

Ya en 2004, la Comisión Europea identificaba el desarrollo de la ciudadanía europea como una de las principales prioridades de acción de la Unión Europea. En línea con este interés, el Consejo Europeo declaró 2005 como el Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación. Además, la UNESCO promovió activamente la idea de la educación para la ciudadanía a escala global a través de su Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los Derechos Humanos (1995-2004). El propio Consejo Europeo ha venido desarrollando su proyecto sobre Educación para la Ciudadanía Democrática.

Una reciente investigación de la red europea de información sobre la educación en Europa, considera que la educación para la ciudadanía es un instrumento para que niños-niñas y jóvenes se conviertan en ciudadanos y ciudadanas responsables y activos. Entiende que esta competencia incluye el aprendizaje de los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas, el respeto por los valores democráticos y por los derechos humanos, y otorga importancia a la solidaridad, la tolerancia y la participación en una sociedad democrática.

Por lo general, bajo el concepto "ciudadanía responsable" (que también cita como “educación para la ciudadanía”) se engloba aspectos relacionados con el conocimiento y el ejercicio de los derechos y responsabilidades cívicas. Igualmente, todos los países asocian el concepto con ciertos valores; entre ellos se incluyen la democracia, la dignidad humana, la libertad, el respeto por los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad, el respeto a la ley, la justicia social, la solidaridad, la responsabilidad, la lealtad, la cooperación, la participación y el desarrollo espiritual, moral, cultural, mental y físico. En general, todos los países están de acuerdo en que todos esos valores son esenciales para entender el concepto de ciudadanía responsable.

El estudio define tres ejes clave, que considera interdependientes:
- la cultura política,
- el pensamiento crítico y el desarrollo de ciertas actitudes y valores, y
- la participación activa.

La primera categoría se refiere a la adquisición formal de conocimientos teóricos, en su mayor parte relacionados con la historia, la geografía y otras ciencias sociales, con los principios en los que se basa la constitución y otras normas básicas, con los principales modelos organizativos y con el sistema político. Ésta es la parte más factible de evaluar.

La segunda categoría exige una mayor participación de las alumnas y los alumnos en materia de opiniones y actitudes. Pretende desarrollar en los jóvenes la conciencia y las actitudes necesarias para actuar en la sociedad como ciudadanas y ciudadanos bien informados y responsables. Los objetivos son menos “neutros” y más difíciles de evaluar que la adquisición de los conceptos formalmente definidos.

En la tercera, se espera que se movilicen y participen activamente en la vida política, social y cultural de la comunidad. Los objetivos tratan de proporcionar a las alumnas y los alumnos las oportunidades para que lleven adelante su compromiso de portarse cívicamente durante el trabajo en clase y fuera de ella, y de animarlos a que tomen distintas iniciativas. La finalidad última es alentarlos a que exploten lo que han aprendido en las dos categorías anteriores. La información de que disponen pretende ayudarles a comprender y a mejorar su capacidad de participación activa, así como a aplicar destrezas eficaces de intervención y colaboración. Los valores y actitudes que han adquirido deben servir de marco de referencia para una participación responsable basada en los derechos y deberes ciudadanos.

El Parlamento Europeo (2005) incluía las “competencias sociales y cívicas”, que definía como sigue:

“Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y democrática”.